Legislación secundaria, el próximo reto de la Ley, dice FinTech México

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Luego de la aprobación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, el siguiente reto tanto para autoridades como para la industria son las disposiciones secundarias de la normativa, las cuales le dará la forma completa a esta legislación.

De acuerdo con Eduardo Guraieb, director de la asociación FinTech México, las disposiciones secundarias, que se estarían emitiendo en seis meses luego de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, tendrían que ser resultado de una colaboración entre autoridades e industria.

“Vienen cosas muy interesantes, en específico la regulación secundaria va a requerir una colaboración muy activa del sector privado con el sector público. hemos visto una gran recepción y vamos a trabajar mucho con ellos en estos meses”, indicó en entrevista Guraieb.

La Ley, aprobada por la Cámara de Diputados la semana anterior, es un marco general que tendrá que delimitarse en las disposiciones secundarias que emitan las autoridades involucradas, especialmente el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Por ejemplo, la CNBV en los próximos seis meses luego de su promulgación tendrá que definir el capital mínimo que se solicitará a las fintech para su operación, así como las reglas de información de accionistas y administradores, documentación para la solicitud de autorización, los límites de recepción y entrega de efectivo.

Con esta normativa se reconoce a las instituciones de crowdfunding y de fondos de pago electrónico, así como también las operaciones con activos virtuales, las cuales serían autorizadas por el Banxico.

En específico para las instituciones de financiamiento colectivo (crowdfunding), la CNBV tendrá que emitir en los seis meses siguientes a su promulgación las disposiciones relacionadas con el criterio de selección de solicitantes de estas plataformas, los límites de recursos a nombre de los clientes y reglas sobre la seguridad de la información.

“Lo intenso va a ser en estos meses que vienen después de la aprobación”, detalló Guraieb, quien agregó que con el aval al dictamen y aun sin las disposiciones secundarias, se espera que la inversión en este sector crezca ya con un marco legal más claro.

El trabajo de Banxico

Una de las autoridades que estarán activas en la creación de la legislación secundaria es el Banxico, en especial para la regulación de las operaciones de activos virtuales, así como de las disposiciones para las instituciones de fondos de pago electrónico que realicen actividades vinculadas con los sistemas de pagos.

En el tema de activos virtuales, el Banxico tendrá un plazo de hasta 12 meses, a partir de la entrada en vigor de la ley, para emitir las disposiciones relacionadas con las operaciones de este tipo de activos.

“Las ITF (Instituciones de Tecnología Financiera) sólo podrán operar con los activos virtuales que sean determinados por el Banco de México mediante disposiciones de carácter general”, se puede leer en el proyecto aprobado por los diputados.

Para Felipe Vallejo, director de Asuntos Regulatorios y Política Pública del exchange Bitso, con la aprobación de la ley se le da a las plataformas dedicadas al intercambio de activos virtuales, como el bitcoin, un estándar para actuar en situaciones que no eran claras y que será en beneficio de sus usuarios.

“En el tema de criptomonedas, con la ley se definen varias cosas también contempladas para las otras figuras ( instituciones de crowdfunding y fondos de pago electrónico), como el tema de prevención de lavado de dinero, así como de mejores prácticas”, detalló el directivo de Bitso.

“Asimismo a las instituciones como Bitso se nos da un estándar para la industria que es bien importante, de cómo actuar en diversas situaciones, el cual no se tenía. Todavía habrá que ver hasta dónde se definirá el tema, que será hasta la legislación secundaria, pero sin duda se le dará mucha mayor protección al consumidor”.

CRÉDITO: 
Fernando Gutiérrez / El Economista