Control de riesgos, antilavado y prevención legal en las empresas

Las alarmantes cifras relativas que reporta hoy el país como lo son los índices de siniestralidad en incremento en: el secuestro, homicidios, extorsión y robo en negocios, han llevado a las autoridades a ejercer mayores facultades en la revisión dentro de las organizaciones para atacar la denominada delincuencia organizada.

Necesidad crítica para organizaciones

De acuerdo a las cifras reportadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) las actividades ilegales producto del crimen organizado, suman ganancias anuales de más de dos billones de dólares. Y si añadimos que la mayoría de las transacciones se hacen en efectivo, el lavado de dinero se vuelve en sí mismo, un gran negocio.

En México las empresas, se encuentran actualmente ante la necesidad de fortalecer el control de riesgos, considerándolos en su más simple definición como la probabilidad de que algo ocurra. Esto es, todos estamos ante la posibilidad de que dentro de nuestras organizaciones puedan presentarse.

Contar con un área de auditoría interna o control de riesgos; con el objeto de que, a través de ella, se evalúen y verifiquen los riesgos fortaleciendo sus reglas, políticas, estándares, estrategias, costos, seguridad y verificación de las diversas disposiciones legales y reglamentarias; se ha convertido en una necesidad crítica para las compañías para evitar caer en riesgos.

Hacia una nueva regulación

De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales, por ejemplo: tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo.

El objetivo de estas operaciones, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) detalló que en México se blanquean entre 25,000 millones y 62,000 millones de dólares al año, con un promedio estimado de 50,000 millones, lo que coloca al país en el tercer lugar en este delito después de China y Rusia.

Recientemente, se expidió en el país, el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, mediante el cual el delito de lavado de dinero dejó de ser considerado un ilícito eminentemente fiscal y pasó a formar parte de la legislación punitiva mexicana. A su vez que, en septiembre pasado, el Senado de la República aprobó la defraudación fiscal, facturación falsa o inexistente y empresas fantasma, como delitos cometidos por el crimen organizado, por lo que dichos actos ya son considerados como amenaza a la seguridad nacional y deberán aplicar como prevención preventiva oficiosa.

Ante este panorama y las modificaciones que entrarán en vigor en el 2020; hoy más que nunca las empresas están obligadas a fortalecer sus áreas de auditoría interna o evaluación de riesgos, así como lo relacionado con lavado de dinero en materia de defraudación fiscal; todo ello, en favor de dar cabal cumplimiento a las normas establecidas por la ley y prevenir de forma legal a sus organizaciones.

el autor: Carmen Karina Tapia Iturriaga, Experta en Finanzas y Catedrática de Posgrado en la EBC