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Dentro de las reformas que fueron aprobadas el pasado 8 de diciembre y entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2020, destaca la adición de una nueva obligación prevista en la ahora fracción IV de la Ley de la materia, consistente en retener 6% del impuesto al valor agregado que le sea trasladado a las personas que utilicen los servicios de subcontratación en materia laboral.

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El desarrollo organizacional se refiere, básicamente, a todos los procesos y prácticas que acompañan a la empresa para apoyarla en su evolución.

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Como parte un conjunto de recomendaciones que desde hacer varios años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha hecho a sus integrantes para combatir la evasión fiscal, se encuentra el documento denominado “Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report”, del cual derivan las bases para establecer nuevas obligaciones encaminadas a informar sobre los “esquemas reportables” que entrarán en vigor en México el 1 de enero de 2020, siendo su origen según dicho organismo las estrategias agresivas o abusivas en materia fiscal. Algunos otros países como Estados Unidos de América, Reino Unido, España, Canadá y Sudáfrica, ya tienen un marco legal similar.

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Uno de los objetivos primordiales de lo que se denomina hoy en día Empresa Ágil, es decir, aquella perfectamente adaptada al cambiante entorno, es abordar el doble desafío en la Gestión del Talento. Concretamente, el gran reto radica, por un lado, en la búsqueda y atracción de talento, y por el otro, la capacidad de retención del mismo.

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Estos días que he estado viviendo en Francia, con todo el tema de las reformas, la huelga, los cambios y los sentimientos de consenso, frustración, enojo y empoderamiento de grupos políticos, decidí compartir un poco de esto que nos puede ocurrir como empresarios o bien, que podemos hacer como trabajadores.

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Las alarmantes cifras relativas que reporta hoy el país como lo son los índices de siniestralidad en incremento en: el secuestro, homicidios, extorsión y robo en negocios, han llevado a las autoridades a ejercer mayores facultades en la revisión dentro de las organizaciones para atacar la denominada delincuencia organizada.

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